La Procuraduría alertó sobre las precarias condiciones en el centro de detención de la isla.
Al constatar los altos niveles de hacinamiento en los que permanece un grupo de detenidos en un Centro Transitorio de Detención, en San Andrés Islas, un juez del circuito ordenó su inmediato traslado para salvaguardar los derechos de las personas privadas de la libertad en ese lugar.
La situación fue puesta en conocimiento del juez por parte de la Procuraduría General de la Nación, organismo que interpuso una acción de tutela, la cual fue estudiada y fallada a favor por el juez “al acoger los argumentos del Ministerio Público, el juez primero Penal del Circuito de San Andrés ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) trasladar a un lugar de reclusión a las personas privadas de la libertad (PPL) que se encuentran en condición de hacinamiento en el Centro Transitorio de Detención ubicado en el sector de la Rocosa”, reveló el ministerio público.
Además, el juez en su decisión protegió los derechos fundamentales a la vida, salud, dignidad humana, integridad y al no sometimiento a tratos crueles e inhumanos de las personas que permanecen en el lugar.
Así mismo, el funcionario judicial pidió a la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a llevar a cabo las acciones necesarias para adecuar o cambiar el inmueble donde funciona el centro transitorio de detención, para que sus instalaciones cumplan con las condiciones de espacio y distanciamiento requeridas, y de esa forma brinde las garantías necesarias para evitar el hacinamiento de las personas privadas de la libertad que allí se encuentren.
“Igualmente, solicitó a la Gobernación disponer de los elementos esenciales de aseo para esa población, así como determinar y materializar la ruta de prevención, atención y tratamiento para evitar el contagio del covid-19”, explicó la Procuraduría.
Y señaló que “en un plazo no mayor a 48 horas se deberá instalar una mesa de trabajo con la participación de las autoridades vinculadas al tema carcelario y la Procuraduría, la cual tendrá como propósito hacer un seguimiento periódico al cumplimiento de las órdenes emitidas en el fallo”.
Por último, el juez concedió también un plazo de tres meses para que tanto la administración departamental como el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario cumplan con las órdenes emitidas, “dada la transgresión de los derechos fundamentales de las personas que se encuentran en este lugar”, concluyó el funcionario judicial al fallar la tutela interpuesta por la Procuraduría.